El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: nuevos derechos, más financiación y cuidados en casa
Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva, tras su paso por el Senado, la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley de Dependencia.
Se trata de un hito muy importante, una profundización del modelo de cuidados en España, y es un orgullo para nuestro equipo haber contribuido a ella, especialmente a través del desarrollo de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad y, más recientemente, de sus planes operativos, además de otros trabajos que venimos desarrollando en este ámbito.
Se está hablando mucho de esta reforma en estos días, y se seguirá haciendo en los siguientes, pero te adelanto algunas de las cuestiones que me parecen más destacables del texto de la Ley:
En discapacidad:
Reconocimiento automático de discapacidad a partir del grado de dependencia (33% en grado I; 65% en grados II y III).
La accesibilidad universal se reconoce como derecho, con un nuevo Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal.
Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y financiar obras de accesibilidad en viviendas.
La atención temprana (0-6 años) se convierte en derecho subjetivo.
Se prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros de hogar y salud.
Se crea la figura del facilitador procesal en los procedimientos judiciales.
En dependencia:
Se elimina el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios.
La asistencia personal se amplía: deja de limitarse al ámbito educativo o laboral y se orienta más a la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad. Además, se regula como servicio propio del catálogo que ofrece el Sistema de Dependencia.
El servicio a domicilio deja de limitarse al propio domicilio.
Se reconoce como cuidadoras a personas del entorno relacional, no solo familiares.
La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo.
El plazo de resolución se reduce de 6 a 3 meses.
El Estado asumirá por ley el 50% de la financiación del SAAD.
Algunos de estos cambios representan un avance significativo para el futuro de la dependencia y la discapacidad en España. La reforma concreta y amplía derechos, al tiempo que incorpora otros nuevos. Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora: su aplicación efectiva. El alcance de estas medidas dependerá en buena parte de las comunidades autónomas, tanto del desarrollo reglamentario necesario como de la adaptación de sus respectivos marcos normativos y, especialmente, de la disponibilidad de una financiación suficiente. Solo así podrán convertirse en servicios efectivos capaces de impulsar una verdadera transformación del modelo de cuidados.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023