Un estudio de UNAD plasma la necesidad de impulsar políticas y programas de reducción de daños asociados al uso y consumo de sustancias
El documento se da a conocer coincidiendo con el Día Internacional de la Reducción de Daños, que se celebra cada 7 de mayo.
La reducción de daños se basa en la restauración de derechos de las personas que utilizan sustancias para evitar muertes tempranas y mejorar sus condiciones sociales y de salud.
UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha dado a conocer este viernes coincidiendo con el Día Internacional de la Reducción de Daños, que se conmemora cada 7 de mayo, el estudio titulado 'Reducción de daños en el siglo XXI. Fase I Diagnóstico'.
El objetivo de este es describir las necesidades actuales de los servicios y programas de reducción de daños en España, así como poner de manifiesto los diferentes aspectos de mejora que se necesitan para adaptar la reducción de daños a las características de los nuevos consumos.
Para llevarlo a cabo se ha utilizado una metodología cualitativa y descriptiva basada en una población diana representada por personas que utilizan actualmente los servicios y programas de reducción de daños.
Entre las principales conclusiones del estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destaca la importancia de impulsar políticas, programas y estrategias de reducción de daños que tengan un enfoque de derechos y justicia social y que permitan reducir el estigma de las personas que consumen en esta situación. Asimismo, se evidencia la necesidad de invertir en ellos para paliar los efectos negativos sobre la salud pública.
En este sentido, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha explicado que la reducción de daños se basa en la restauración de derechos de las personas que utilizan sustancias para evitar muertes tempranas y mejorar sus condiciones sociales y de salud. "El objetivo aquí no es otro que minimizar los daños asociados al consumo sin necesariamente reducirlo o eliminarlo", ha asegurado.
Asimismo, ha subrayado que estas estrategias van dirigidas a paliar los perjuicios de las personas que consumen, ya que aumentan el número de prácticas seguras y disminuye el riesgo de trasmisión de enfermedades, promoviendo una serie de recomendaciones que tienen como objetivo garantizar los derechos humanos fundamentales incorporando los diferentes ejes de vulnerabilidad que atraviesan estas personas.
Continuar leyendo en unad.org